Por Pedro Peretti y Mempo Giardinelli Fuente: “La Argentina Agropecuaria – Propuestas para una agricultura Nacional y Popular de rostro Humano
CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO DE CHACRA MIXTA. Capitalizado inicialmente con un porcentaje de las RETENCIONES a la soja, y estará dirigido a atender a todos aquellos productores que quieran reconvertir sus campos sólo agrícolas en mixtos, y/o quieran industrializar su producción, siempre en zonas rurales o poblaciones menores de 5.000 habitantes. El objetivo es claro: retornar a la chacra mixta con diversificación productiva y agregación de valor en origen; y a la vez ayudar a revertir las migraciones rurales ocupando mejor el territorio. ¿Cómo hacerlo? Generando un fondo rotatorio (capitalizado con un porcentaje de las retenciones) que ayude a los pequeños y medianos productores a reconvertirse del monocultivo agrícola a la mixtura productiva. Diversificar la producción – no confundir con rotación- es agregarle valor en origen, para que genere empleo decente, arraigo, ocupación del espacio geopolítico de la Nación y forma paralela, aumente la oferta en cantidad, calidad y diversidad de la producción y elaboración de productos alimenticios destinados al mercado interno, y a la vez orientando los saldos sobrantes a la exportación. Por y para eso es que ideamos este fondo, en el que los beneficiarios pagarán el crédito tomado con la devolución de las retenciones de los granos que ellos mismos cultiven. Los planes de agregación de valor en origen deben estar orientados y dirigidos hacia proyectos productivos que cumplan requisitos previamente establecidos. Entre ellos, la localización geográfica. Será un requerimiento insoslayable: radicarse en zonas rurales y/o en pueblos de menos de 5.000 habitantes. Para necesario fondeo inicial se capitalizará, por parte del Estado, un porcentaje fijo de retenciones a la soja no menos al 5% de la campaña precedente, y/o con recursos de organismos internacionales- no condicionantes- como pueden ser el Fondo Internacional de Financiamiento Agrícola (FIDA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y algunos otros. Este fideicomiso será administrado por un directorio mixto, con participación y control social; y podrán ser beneficiarios productores individuales, cooperativas y sociedades comerciales de todo tipo. En estos últimos casos se sumarán las devoluciones de acuerdo a la cantidad de socios contados individualmente, para cancelación del crédito. La operatoria es sencilla: los beneficiarios recibirán una vez aprobado el crédito productivo del fideicomiso – que puede cubrir hasta el 70% del proyecto-, un certificado de devolución de retenciones, con un tope a discutir, que puede ser de hasta 10.000 quintales del cereal entregado. Sólo entonces se devolverían las retenciones y el monto retenido iría, directa e íntegramente, a cancelar la cuota parte del crédito que domó el beneficiario del proyecto, eliminando todo tipo de demoras y/o sospechas de no devolución, ya que la cuota a pagar estará “atada” a la devolución de retención. La operatoria obligará a que los beneficiarios: a) Tengan como obligación ineludible invertir en las zonas rurales-rurales, y/o en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, a fin de garantizar los objetivos manifestados. b) Deberán crearse unidades de asesoramiento para el armado de proyectos y acceso a los fondos en el ámbito del Banco de la Nación Argentina, autárquico y autónomo, con asiento físico en localidades del interior profundo y productivo y con capacidad resolutiva. c) Convenir, capacitar y descentralizar tareas de relevamiento y reclutamiento de interesados en comunas, municipios y entidades intermedias. d) Para evaluación de los proyectos se tendrá en cuenta la viabilidad económica, con independencia de los análisis financieros del o los solicitantes. Será requisito indispensable que la fracción de campo donde se asiente el proyecto esté libre de gravámenes. e) Se incorporarán el INTA, el INTI y las universidades públicas a las unidades de asesoramiento y evaluación. El Fideicomiso podrá subsidiar tasas y/o eventualmente garantizar proyectos, e incorporar al esquema Sociedades de Garantías Recíprocas siempre y cuando los protagonistas sean pequeños y medianos productores (Las propuestas de redistribución intra sector de una parte de las retenciones vienen siendo planteadas por Pedro Peretti, sin éxito, desde hace 30 años. Véase Diario La Tierra del 23/09/1986 titulado “Las Retenciones: algunas pautas para su mejor utilización”, transcripto en La Chacra Mixta y Otras Yerbas Perspectiva Bicentenario, 2014 Página 279). A grandes rasgos este esquema, que consideramos novedoso, operará de hecho como una segmentación de retenciones. Pondrá énfasis en la localización geográfica de cada proyecto, ayudando a generar una ocupación más racional del territorio, e impactará como un freno a las migraciones rurales, ya que propenderá la inversión, que es lo que más falta en el interior profundo de la república.
CREACIÓN DE UN FONDO FEDERAL AGROPECUARIO Orientado hacia la reconversión agroecológica de las franjas periurbanas afectadas por fumigación. Esto es imprescindible y perentorio, porque la salud de nuestra gente no puede esperar y los ya apuntados índices de cáncer en las poblaciones expuestas a fumigaciones indiscriminadas son ya alarmantes. Todos los días se producen fallos judiciales y disposiciones administrativas sobre el impedimento de fumigar y pulverizar en las franjas que rodean los centros urbanos, pero nadie se ocupa de su cumplimiento. Ni los gobiernos provinciales ni los municipales. Este fondo deberá negocia, además, su integración con las provinciales para componerse con recursos nacionales y provinciales.
IMPUESTO AL LATIFUNDIO. Este impuesto deberá pagarlo – progresivamente – toda explotación que exceda las cuatro unidades económicas, determinadas a partir de la aptitud agrícola de la zona, la actividad y los suelos. Donde no existan unidades económicas predeterminadas, deberán hacerse con el asesoramiento técnico del INTA, la Universidad local y/o catastro de cada provincia. El monto recaudado deberá destinarse – en forma total o parcial- a financiar obras de infraestructura rurales (puentes, caminos, rutas, electrificación rural, acceso a internet, alcantarillado, abovedamiento, control de inundaciones, etcétera). Y un porcentaje fijo del total se reservará para infraestructura escolar rural.
FORTALECIMIENTO DE MERCADOS LOCALES O DE CERCANÍAS El objetivo es propender a los consumos de la comarca, desalentando el traslado de alimentos y mercadería a través de grandes distancias, debido a todos los problemas que este tipo de logística genera, tanto en los costos económicos como ambientales. Y costos que termina pagando siempre el consumidor. Esto requiere de un complemento indispensable: la construcción de mercados populares en toda ciudad mayor de 100.000 habitantes, con un esquema de operatoria similar al del Mercado Central. Y que reproduzca en todo el país un proceso análogo al de los Parques Industriales (que cuentan con el RESPI: Registro Nacional de Parques Industriales), desde donde reciben fondos especiales para conformar o mejorar la infraestructura. Para eso, son necesarias dos medidas puntuales: a) Liberar el expendio de leche cruda en poblaciones de menos de 5.000 habitantes; y b) Incentivar plantaciones de frutas y hortalizas en las franjas periurbanas ( como plantea en el punto 2) así como terrenos ferroviarios, baldíos y banquinas de poblados rurales y ciudades.
CREACIÓN DEL INSTITUTO DE COLONIZACIÓN AGRARIA Este Instituto deberá ser creado por ley, como un ente autárquico con fondeo nacional e internacional. Podrá emitir títulos públicos con el objetivo de capitalizarse, como por ejemplo mediante Cédulas Hipotecarias, para así poder intervenir en el mercado de tierras, al estilo del Instituto de Colonización del Uruguay. El objetivo es que compre, parcele y entregue tierras con fines estratégicos, vinculados con la soberanía y la seguridad alimentarias. Destinado especialmente a hijos de chacareros, peones rurales, técnicos y profesionales vinculados con la actividad agropecuaria, la capitalización anual y fondeo deberá especificarse por ley, teniendo en cuenta que nunca podrá ser menor el equivalente del 5% de lo que se recaude por retenciones. Es importante señalar que la clave de este tipo de instrumentos está en el grado de capitalización que tenga, y en la obligación de su ejecución presupuestaria. De otro modo, se transforman en instrumentos decorativos de la política, sin incidir, y sólo sirven para tranquilizar conciencias “progres”, que confunden contenido con envase.
NUEVA LEY DE ARRENDAMIENTO Y APARCERÍAS RURALES. Ya ampliamente difundida y con varios proyectos en estado parlamentario, la norma que se sancione – para ser efectiva- deberá contener esencialmente límites claros a los arrendamientos en cuanto a superficie y promoción impositiva del arriendo para los agricultores familiares.
NUEVA LEY DE COMPRA PÚBLICA. Deberá sancionarse con el objeto de fortalecer la agricultura familiar, con porcentajes fijos. Similar a una disposición que existe en Brasil, donde el 30% de las compras del Estado para sus programas sociales deben hacerse a la Agricultura Familiar. En la ley debe incluirse la protección a determinadas actividades, como cunicultura, porinocultura familiar, lechería, entre otras, las que deberán ser reservadas a los productores familiares, impidiendo el desembarco de mega empresas – nacionales o extranjeras- en dichas producciones. Se trata de medidas imprescindibles para defender la seguridad alimentaria de la población y evitar las prácticas monopólicas, ya que es muy riesgoso que actividades estratégicas para el consumo, como la eche, queden en manos de muy pocas empresas.
FUERTE LEGISLACIÓN ANTIMONOPÓLICA. Debe discutirse en el Congreso Nacional a fin de impedir la integración vertical de las empresas, fundamentalmente del área de los alimentos, similar a la que rige en los Estados Unidos. Al mismo tiempo se debe garantizar la libre competencia, para evitar posiciones dominantes y permitir así que los mercados se expresen con fluidez. Para lo cual, como es evidente, es imprescindible el rol regulador del Estado.
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN RURAL. Para fortalecer la educación rural y técnica habrá que crear en forma paralela especialidades para Agricultura Familiar y Agroecológica, con salidas laborales vinculadas a los proyectos antes mencionados. Asimismo, deberán realizarse censos confiables de escolaridad rural, mejorar infraestructuras y capacitar docentes específicos para alumnados de origen y residencia rural, incluyendo educación bilingüe donde haga falta, especialmente en comunidades de pueblos originarios.
CONTROL DE PRECIOS RESPONSABLE. Deberán disponerse y aplicarse diversos controles a proveedores de insumos, fabricantes de máquinas agrícolas y herramientas, así como a la repuestería en general. Por tratarse de un aspecto central para el correcto funcionamiento de la política de sustitución de importaciones, estos controles son importantes ya que muchos empresarios inescrupulosos aumentan desmedidamente los precios perjudicando esencialmente a los productores-consumidores de máquinas y repuestos, quedándose los fabricantes con buena parte de la rentabilidad de los chacareros, y encareciendo artificialmente los insumos. Esos incrementos luego se trasladan a los precios que pagan los consumidores.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE TAPERAS Y/O VIVIENDAS RURALES. Se trata de un Plan Nacional dirigido a incluir, dentro de la operatoria del plan PROCREAR, un segmento especial para la vivienda rural-rural, entendiendo por tal también el reciclado de taperas con destino a la utilización como morada única para el chacarero y/o el personal trabajador, y sus familias.
MODIFICACIÓN A LA LEY 25.507. Es la Ley de creación del Instituto de Promoción de Carne vacuna Argentina (IPCVA); que proponemos reemplazar por un Instituto de Promoción de las Carnes, en general. A los efectos de promover el consumo de carnes alternativas en el mercado interno, y que a la vez permita liberar saldos exportables de cortes bovinos.
AGENCIA DE CONTTROL DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRANOS. Debe ser un ente público, no estatal, que controle el comercio de granos en beneficio de los sectores populares, orientado por los siguientes criterios generales: a) Debe estar sujeta a un severo y atento control social, y en su conducción deben participar el Estado nacional, las provincias, los productores, los trabajadores y también los consumidores. b) En su creación e implementación se procurará no copiar modelos, recetas ni calcos de viejos instrumentos de políticas agrarias. Esta Agencia debe ser el producto de este tiempo y este momento político para garantizar que el comercio exterior de granos argentinos beneficie a nuestro pueblo.
PLAN DE RECUPERACIÓN Y CONTROL DE PUERTOS. Es imprescindible comenzar la recuperación de la infraestructura portuaria por parte del Estado democrático, y , a la vez instrumentar seriamente el control de los puertos privados porque por esos puertos circulas día a día y hora a hora todo tipo de mercadería, legales e ilegales, y son la principal boca de salida y blanqueo de todo el cereal producido y exportado en negro. Es este un problema gravísimo que además condiciona fuertemente la recaudación tributaria. Basta un ejemplo (el caso de la Provincia de Santa Fé en 2016) para tener una idea del nivel de concentración y evasión (La información aquí presentada está tomada de un trabajo de selección realizado por el Diputado Provincial santafesino Carlos del Frade, y enviado a los autores para ser incluído en este libro, y se basa en datos de facturación, según Balances de 2017, tomados de la Revista Mercado. Edición Especial, “Las 1000 empresas que mas facturan”, 26 de junio de 2017, Número 1193). *Cargill: 55.100 millones de pesos de facturación durante 2016; 154 millones de pesos diarios; 6,42 millones diarios; 107 mil por minuto. *AGD: 46.870 millones de pesos anuales, 130 millones diarios; 5,4 por hora; 0.412 por minuto. * Bunge: 45.669 millones de pesos anuales; 127 millones diarios; 5,28 millones de pesos por hora; 88 mil por minuto. * Vicentín: 45.200 millones de pesos anuales; 125 millones diarios; 5,23 millones por hora; 87.191 por minuto. * Dreyfus: 44.777 millones anuales; 124 millones diarios; 5,18 millones por hora; 86.375 por minuto. * ACA: 36.440 millones de pesos anuales; 101,22 millones diarios; 4,21 millones por hora; 70.293 por minuto. * Molinos Río de la Plata: 34.071 millones de pesos anuales; 94,64 millones diarios; 3,94 millones por hora; 65.723 por minuto. * Nidera Cofco: 30.121 millones de pesos anuales; 83,66 millones diarios; 3,53 millones por hora; 58.103 por minuto. * Noble: 18.378 millones de pesos anuales; 51 millones diarios; 2,12 millones por hora; 35.451 por minuto. * Toepffer: 12.500 millones de pesos anuales; 34 millones diarios 1,4 millones por hora: 24.112 por minutos. * Minera Alumbrera: 10.156 millones de pesos anuales. * Agricultores Federales: 7.323 millones de pesos. * Dow: 6.768 millones de pesos anuales. * Terminal: 6.650 millones de pesos. Estas 14 empresas facturaron durante 2016 un total (declarado) de 386.517 millones de pesos. Si solamente pagaran el 5% por ingresos brutos, serían más de 18.000 millones de pesos anuales para el estado santafesino (Es importante subrayar que estos valores salen de “sus declaraciones”. Y teniendo en cuenta que ellos mismos se “pesan” sus granos o aceites, es obvio que hasta que no se acabe con esta dependencia funcional y se dote de autonomía a la Aduana Nacional y se puedan controlar los puertos y los drafts con auxilio y colaboración de sindicatos portuarios y marítimos, asociaciones gremiales rurales, universidades nacionales, AFIP, AFI, etc., no habrá manera de hacerse de los impuestos que evaden.) Este Plan tendrá por objeto fiscalizar, controlar y gestionar – siempre con control social- los 21 puertos en manos del Estado que aún quedan. Se procurará en consecuencia reducir al máximo los procesos de tercerización y cooptación de concesiones por parte de empresarios privados inescrupulosos.
RECUPERACIÓN DE NUESTTRA FLOTA MERCANTE. Actualmente nuestro país paga más de 3.000 millones de dólares anuales en fletes empresas mercantes extranjeras, que casi no generan empleo aquí, se van del país y contribuyen a la restricción externa que sufre cíclicamente nuestra economía. Recuperar nuestra flota, lo que es perfectamente posible dada la infraestructura en industria naviera que aún tenemos, significará también miles de puestos de trabajo en astilleros y embarcaderos, con el consecuente ahorro de divisas.
DEFENSA DE LOS MERCADOS DE REFERENCIAS. A partir de la prohibición de la venta directa de granos y de animales para la faena, se apuntará a fortalecer y transparentar los mercados, salvaguardando las fuentes de trabajo. Propiciamos mercados de referencia para todas las producciones cuyos volúmenes los requieren, como leche, cerdos y lanares. Declararemos al Mercado de Liniers y al Mercado de Rosario, por lo menos, como “de interés nacional”.
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 27.118 DE AGRICULTURA FAMILIAR. Sancionada el 27 de diciembre de 2014, esta ley quedó sin la financiación correspondiente asegurada, como producto de lamentables internas dentro del campo nacional y popular. Habrá que reglamentarla en forma inmediata, y adjudicarle un porcentaje fijo de los ingresos del Ministerio de Agroindustria, que no deberá ser menor al 25% de los recursos asignados a esa cartera por presupuesto. Tales recursos deberán ser volcados íntegramente a difundir esta forma de ejercer la agricultura y la ganadería. La Agricultura Familiar y la Agroecología son dos caras de una misma moneda. Actúan en forma mancomunada y son por lo tanto indivisibles. Productores familiares con conciencia agroecológica para producir alimentos es el modelo agrícola ejemplar, deseable y más provechoso para la Argentina.
LEY DE AGROECOLOGÍA. Se trata de sancionarla cuanto antes, partiendo del principio de que si se cuida el suelo, se desgravan impuestos. Los productores deben acogerse a la sana idea de que si se produce con la aplicación de técnicas agroecológicas, los subsidios garantizarán capacitación, promoción, capital de trabajo y financiación de tiempo de espera para todo aquel productor que quiera pasarse de la agricultura industrial a la agroecológica. La financiación constituirá con el 0,50% de las retenciones sobre cultivo de soja, e irá directamente a un fondo de Fideicomiso creado especialmente para difundir este sistema de labranza. Esta medida va de la mano de la reforma de la carta orgánica del INTA, que deberá incluir en su órgano máximo de dirección un director titular en representación de la Agroecología, a propuesta de las organizaciones del rubro. También se deberá incluir como obligatoria, en la currícula de colegios primarios, secundarios, terciarios y universidades, la materia “Agroecología y afines”, con el objeto de capacitar y promover nuevas formas de producción y consumo de alimentos, más amigables con la naturaleza y la salud humana (Una reconocida educadora del Ministerio de Educación, quien pidiendo reserva por temor a represalias describió la política del Gobierno de Mauricio Macri en materia de agrotóxicos:” En reciente reunión con editoriales para conversar sobre el curriculum y los libros de texto la viceministra advirtió que no iban a comprar ningún libro que contuviera “ideología”, sino sólo lo que tenía “rigor científico”. Y Max Guimanelli, el jefe supremo del plan de lectura dijo que no se podía publicar nada sobre minería o agricultura sin acordar los términos con los ministerios de agricultura y minería, para que a ningún docente o alumno se le ocurra hablar mal de la soja, los pesticidas o las minas a cielo abierto”.).
SECREARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA POBLACIÓN RURAL. Con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión de toda comunidad nacional rural de hasta 5.000 habitantes, es necesaria la creación de la Secretaría de Pequeña y Mediana Población Rural (PEMEPOR) para que colabore con la puesta en marcha de la producción local de alimentos, bienes y servicios en esas localidades. Se trata de ayudar a gestionar, orientar y capacitar a los agentes municipales, sean personal de carrera o político, facilitando el acceso a programas de viviendas, créditos o subsidios, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer el arraigo de la población en el interior profundo de la Patria.
IGUALDAD DE GÉNERO Y COMBATE AL TRABAJO INFANTIL, CON SALVATAJE A LA INDUSTRIA LÁCTEA. Todas las propuestas anteriores llevan implícitas la paridad de género y el combate frontal al trabajo infantil. Para que el Estado proteja a las familias campesinas garantizando que se pague igual salario por igual trabajo a hombres y a mujeres. Para que el trabajo infantil hoy todavía instalado se reconvierta en educación y salud infantil garantizada. Y para que se respete la jornada horaria de la mujer – hoy invisibilizada y súper explotada- a la par que la del varón, protagonistas centrales ambos y a la par de la actividad productiva. Y por cierto, la cuestión del trabajo infantil está íntimamente ligada a la problemática de la alimentación de millones de chicos y chicas. Que es como decir, sin dudas, la cuestión láctea, ya mencionada en el Capítulo 7 de este libro. Pero allí nos referíamos específicamente a la cooperativa Sanco ahora en proceso de desguace y transnacionalización. Aquí en cambio, y como colofón en nombre de El Manifiesto Argentino las siguientes medidas urgentes: 1) Declarar al alimento leche como bien público, de modo de garantizar por ley el acceso a toda la población argentina y específicamente a los niños y niñas de menores recursos. 2) Poner a disposición de cada madre beneficiaria de AUH el equivalente a 20 litros de leche por mes, más yogures y quesos en base a lo que marcan los expertos en nutrición infantil. 3) Disponer un porcentaje fijo de las retenciones de granos y mineras para financiar los puntos precedentes. Además, constituir con dicho fondo un fideicomiso para la vuelta al tambo de los productores que dejaron la actividad y quieran volver, o para estimular a nuevos tamberos. Esto es urgente y su claro objetivo es agrandar la oferta de leche fluida y democratizarla, o sea muchos tambos en todo el país, y no pocos, grandes y concentrados. 4) Prohibir la siembra de soja en las cuencas lácteas ya tipificadas, y crear nuevas teniendo como objetivo además la ocupación geopolítica del territorio. 5) Habilitar el expendio de leche cruda en las poblaciones menos de 5.000 habitantes. 6) Prohibir terminantemente el pago de los arrendamientos de tierras, en las cuencas lecheras, a valor soja. 7) Promover la creación de nuevos tambos de “cercanía”, para terminar con el disparate logístico de que la leche deba recorrer para llegar a los consumidores, un promedio de 1.000 kilómetros en camión. Toda provincia y municipio deberá garantizar los consumos de “cercanía” en un plazo perentorio, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de reconvertir las franjas periurbanas a partir de la prohibición de fumigar. 8) Reordenar la cadena, morigerando las tasas exorbitantes de ganancias de los supermercados. Esto incluye reorganizar la industria, frenando la concentración en mega tambos, impulsando nuevas unidades tamberas familiares o medianas. 9) Poner a disposición de agricultores familiares, pueblos originarios, campesinos chacareros, productores tamberos de hasta 3.000 litros, de los suficientes recursos financieros del tesoro nacional – con toda urgencia- para la siembra de pastura, retención de vaquillonas, recomposición del rodeo o mejoras de infraestructura tambera. 10) Abrir un espacio de discusión para la concreción de retenciones segmentadas para determinados cultivos, especialmente el maíz, que es insumo básico de la lechería. Sugerimos tomar como base el esquema de devolución de retenciones que organizó el ex Ministro de Economía Axel Kicillof, así como los proyectos de segmentación de retenciones a las exportaciones presentados por los ex diputados nacionales Fernando “Pino” Solanas (Cap. Federal) y Lisandro Viale (Entre Ríos).A mediano plazo, ls siguientes medidas: * Creación de un instituto público de fomento lácteo, similar en su funcionamiento al Instituto de Colonización del Uruguay. Capitalizado convenientemente mediante Impuesto al Latifundio o emisión de título público con el único fin de comprar latifundios, subdividirlos y fundar nuevas colonias agrícolas tamberas. Este organismo deberá operar en el mercado de tierras, comprando para luego mensurar, parcelar, vender y/o arrendar a los productores que no la posean y quieran ser tamberos. Será requisito sine qua non vivir en la explotación y dedicarla a tambo y a la producción de granos y forrajes para alimentar las vacas en ordeñe , y no se podrá vender ni transferir la propiedad a terceros, si estos no se comprometen a seguir con la actividad y residencia en el lugar. * Poner a disposición de pequeños y medianos productores con tierras propias, líneas crediticias a tasa cero y a devolver a valor producto (leche) en 5 años, para quienes quieran fundar o volver a hacer tambo. Se deberán incluir créditos hipotecarios para refacción de vivienda rural y/o casa nueva, para tambero mediero o propietarios que vuelvan a la actividad láctea. * Reconvertir las franjas periurbanas de los pueblos y ciudades para el abastecimiento de todos los productos de granja hortícolas, y donde no falte el tambo que garantiza soberanía alimentaria local y consumo de cercanía. * Organizar el expendio de leche, cruda o pasteurizada, en los pueblos, tomando como base las máquinas pasteurizadoras del INTI, o los prototipos italianos de máquinas expendedoras de leche cruda. *Se deberá prohibir la integración vertical concentrada de las empresas. Queremos una lechería de rostro humano, democratizada y sin posiciones de mercado dominantes. * Precio mínimo, sostén y en Origen, de la leche, para los productores tamberos de hasta tres mil litros. * Creación de un mercado público, de referencia de la actividad láctea. La leche es un bien estratégico que genera trabajo decente y abundante, garantiza arraigo en el interior profundo del país, ocupa geopolíticamente el territorio y hace a la soberanía y seguridad de la nación. Nuestros niños y ancianos son el bien de mayor valor humano a proteger por cualquier Estado que se precie de tener sensibilidad social y gobierne para felicidad de su pueblo. La leche es para esos dos segmentos – niños y ancianos- un alimento vital imprescindible. Por lo tanto es un bien de carácter social estratégico que merece un tratamiento especial. No puede ser un mero negocio si tiene que ver con la salud y el futuro de millones de argentinos. Producir leche, generar puestos de trabajo y fomentar el arraigo son tareas urgentes. Sabemos cómo hacerlo. La FAA tiene una experiencia acumulada -en sus archivos- de más de 100 años de hacer colonizaciones de este tipo. La última fue en La Pampa, en la Colonia 25 de Mao, en la década del 80, del siglo pasado. Eso indica que si se pudo… se puede
